La Comisión Informativa de Contratación, que se reunirá el próximo lunes, deberá valorar el documento sobre el que se sustenta la propuesta para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos, tanto de cláusulas administrativas particulares como prescripciones técnicas, de los contratos de todos los servicios municipales, siempre que el régimen jurídico lo permita. Más en concreto, según se establece en el documento objeto de estudio de la comisión, se consideran cláusulas sociales aquellas que introducen en losprocedimientos de contratación pública, elementos tales como la inserción laboral de personas con discapacidad, elfomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres yhombres o el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas. En lo que atañe a las medioambientales, atienden alo establecido en los Manuales de Compra Pública Ecológica de la Unión Europea,que promueve la inclusión de aspectos que ayuden aoptimizar los recursos naturales empleados y la minimización de impactos ambientales, especialmente en sectores tales como construcción, alimentación, servicios de restauración, transporte, energía, material de oficina, ordenadores, servicios de impresión, vestuario y otros textiles, mobiliario y limpieza y equipos sanitarios. ​En resumen, lo que se pretende con esta propuesta es que la Mesa de Contratación, órgano encargado de valorar las ofertas y formado por técnicos municipales, tenga a su alcance elementos objetivos para poder puntuar a una empresa que cuente con empleados en riesgo de exclusión (jóvenes menores de 35 años, desempleados mayores de 45 años, parados de larga o muy larga duración), que promuevan la transparencia de su gestión, o que implanten políticas de protección del medio ambiente, por ejemplo. Asimismo, los integrantes de la Comisión deberán dictaminar la aprobación de la liquidación definitiva del servicio de transporte urbano correspondiente al ejercicio del 2016, según la cuál el Ayuntamiento debe abonar a la empresa concesionaria 140.826,52 euros en concepto de la diferencia existente entre la subvención prevista inicialmente en el presupuesto y el gasto real que ha supuesto el servicio -dependiente de los kilómetros y horas realizadas- al término del año.

La Comisión Informativa de Contratación, que se reunirá el próximo lunes, deberá valorar el documento sobre el que se sustenta la propuesta para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos, tanto de cláusulas administrativas particulares como prescripciones técnicas, de los contratos de todos los servicios municipales, siempre que el régimen jurídico lo permita.

Más en concreto, según se establece en el documento objeto de estudio de la comisión, se consideran cláusulas sociales aquellas que introducen en losprocedimientos de contratación pública, elementos tales como la inserción laboral de personas con discapacidad, elfomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres yhombres o el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

En lo que atañe a las medioambientales, atienden alo establecido en los Manuales de Compra Pública Ecológica de la Unión Europea,que promueve la inclusión de aspectos que ayuden aoptimizar los recursos naturales empleados y la minimización de impactos ambientales, especialmente en sectores tales como construcción, alimentación, servicios de restauración, transporte, energía, material de oficina, ordenadores, servicios de impresión, vestuario y otros textiles, mobiliario y limpieza y equipos sanitarios.

​En resumen, lo que se pretende con esta propuesta es que la Mesa de Contratación, órgano encargado de valorar las ofertas y formado por técnicos municipales, tenga a su alcance elementos objetivos para poder puntuar a una empresa que cuente con empleados en riesgo de exclusión (jóvenes menores de 35 años, desempleados mayores de 45 años, parados de larga o muy larga duración), que promuevan la transparencia de su gestión, o que implanten políticas de protección del medio ambiente, por ejemplo.

Asimismo, los integrantes de la Comisión deberán dictaminar la aprobación de la liquidación definitiva del servicio de transporte urbano correspondiente al ejercicio del 2016, según la cuál el Ayuntamiento debe abonar a la empresa concesionaria 140.826,52 euros en concepto de la diferencia existente entre la subvención prevista inicialmente en el presupuesto y el gasto real que ha supuesto el servicio -dependiente de los kilómetros y horas realizadas- al término del año.