Ayuntamiento y Diputación alcanzan una solución avalada por los servicios técnicos de ambas instituciones para hacer frente a la ejecución de sentencia de la calle Jardines, que obliga al Consistorio capitalino a abonar 26,8 millones de euros a la institución provincial en concepto del valor de los terrenos que, propiedad de esta, estaba obligado a expropiar aquel en base al acuerdo suscrito en el año 2010, más los intereses de demora. Esta solución, que ha sido presentada a los portavoces de los grupos municipales de la oposición durante estos últimos días, es la única solución que ha recibido el apoyo de los servicios técnicos de ambas instituciones, tras descartarse el pago mixto, o el de la condonación de los intereses, bien por encontrarse dificultades para su ejecución material, bien por las repercusiones negativas que estas supondrían para las arcas municipales. La ejecución propuesta, que debe ser dictaminada favorablemente por la Comisión de Urbanismo y aprobada por el Pleno Municipal, consiste en el abono íntegro de la deuda establecida en la sentencia, mediante la concertación de un préstamo financiado en el Fondo Estatal de Financiación a Entidades Locales, y el retorno al Consistorio de una cuantía equivalente a los intereses generados a través de un plan de carácter provincial del que también se pueda beneficiar la ciudad. De salir adelante, algo para lo que se necesita el apoyo o abstención de PSOE, VOX o Ganemos, el plazo marcado para hacer efectivos ambos compromisos sería todo el ejercicio 2022, año en el que desde el Ayuntamiento también se prevé llevar a cabo el desarrollo urbanístico de los terrenos afectados por la sentencia que pasan a ser propiedad municipal, y de este modo, tras su enajenación para la construcción de vivienda protegida, minorar la deuda adquirida y mantener la operatividad de la institución. "La propuesta de solución que hemos presentado, y en la que llevamos trabajando varios meses, es la única que cuenta con el apoyo de los técnicos y nos permite poner punto y final a un problema histórico", explicó el Alcalde de Palencia, Mario Simón, quien recordó que el Ayuntamiento está "obligado a cumplir con la sentencia" e hizo un llamamiento a los grupos de la oposición para que permitan que el acuerdo salga adelante en el Pleno, "porque, como ya les hemos manifestado en las reuniones, es la única solución viable económica y técnicamente".

Esta solución, que ha sido presentada a los portavoces de los grupos municipales de la oposición durante estos últimos días, es la única solución que ha recibido el apoyo de los servicios técnicos de ambas instituciones, tras descartarse el pago mixto, o el de la condonación de los intereses, bien por encontrarse dificultades para su ejecución material, bien por las repercusiones negativas que estas supondrían para las arcas municipales.

La ejecución propuesta, que debe ser dictaminada favorablemente por la Comisión de Urbanismo y aprobada por el Pleno Municipal, consiste en el abono íntegro de la deuda establecida en la sentencia, mediante la concertación de un préstamo financiado en el Fondo Estatal de Financiación a Entidades Locales, y el retorno al Consistorio de una cuantía equivalente a los intereses generados a través de un plan de carácter provincial del que también se pueda beneficiar la ciudad.

De salir adelante, algo para lo que se necesita el apoyo o abstención de PSOE, VOX o Ganemos, el plazo marcado para hacer efectivos ambos compromisos sería todo el ejercicio 2022, año en el que desde el Ayuntamiento también se prevé llevar a cabo el desarrollo urbanístico de los terrenos afectados por la sentencia que pasan a ser propiedad municipal, y de este modo, tras su enajenación para la construcción de vivienda protegida, minorar la deuda adquirida y mantener la operatividad de la institución.

"La propuesta de solución que hemos presentado, y en la que llevamos trabajando varios meses, es la única que cuenta con el apoyo de los técnicos y nos permite poner punto y final a un problema histórico", explicó el Alcalde de Palencia, Mario Simón, quien recordó que el Ayuntamiento está "obligado a cumplir con la sentencia" e hizo un llamamiento a los grupos de la oposición para que permitan que el acuerdo salga adelante en el Pleno, "porque, como ya les hemos manifestado en las reuniones, es la única solución viable económica y técnicamente".

Por su parte, la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, ha asegurado que "la Diputación colaborará, como lo ha venido haciendo hasta ahora con el Ayuntamiento de la capital, para alcanzar la mejor solución posible para los palentinos, ya residan en la capital o en la provincia. Este proceso de acuerdo se ha alcanzado a través de un intenso trabajo de diálogo y lealtad institucional”.