La Mesa de la Vivienda trabajará con la Consejería de Fomento para concretar las viviendas del SAREB -Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria-, también conocido como el ‘banco malo’, que hay disponibles en la capital, así como también para incluir en este grupo de trabajo a representantes de las entidades bancarias propietarias de dichos inmuebles.

Durante la última reunión de este organismo, conformado por representantes de todos los grupos políticos municipales, de la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Fomento y de la Gerencia de Servicios Sociales, y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas -PAH- de Palencia, se puso de manifiesto la necesidad de agilizar la tramitación de las ayudas de urgencia social por parte de los Centros de Acción Social -CEAS-, algo que el edil del ramo, Luis Ángel Pérez Sotelo, reconoció, manifestando que “hay previsión de contratar más personal en un período breve de tiempo para poder mejorar la respuesta”.

No obstante, el concejal quiso dejar patente que el trabajo que se está realizando por los profesionales encargados de la gestión de los expedientes es “muy bueno” y, en este sentido, aprovechó la ocasión para constatar que la línea de ayudas individualizadas de extrema necesidad ascendieron a poco más de 100.000 euros, “cuando lo consignado en el presupuesto era de 136.000”, que se atendieron todas las peticiones realizadas y que el montante más importante, casi 85.000 euros, fue a parar a pagos de alquiler y suministros, “habiéndose registrado poco más de 3.600 para pagos de plazo de hipotecas y cuotas vencidas, y ningún gasto por procesos de dación en pago, levantamiento de embargos o desalojos”, añadió.

En este sentido, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se solicitó el compromiso del Equipo de Gobierno en relación a garantizar que no exista ningún corte del suministro de agua y que de haber deuda, esta no se contraiga con la hacienda municipal, sino que sea la propia empresa la que se haga cargo.

Pérez Sotelo explicó que eso ya se está haciendo, puesto que no ha habido ningún corte, y que gracias al próximo acuerdo con Aquona, la empresa concesionaria del servicio, “se ha establecido un Fondo Social para hacerse cargo de esos posibles gastos”, añadiendo que, desde la Consejería de Familia y la Federación Regional de Municipios y Provincias -FRMP- se han suscrito diferentes convenios de colaboración con otras empresas suministradoras de servicios -Iberdrola, Gas Natural- que van en este sentido, “para evitar que cualquier familia en problemas se vea sin los elementos más básicos para poder vivir”.

Asimismo, desde la PAH se manifestó la necesidad de estudiar diversas fórmulas que permitan el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles -IBI- de un modo fraccionado, “evitando el recargo del 20% que se le aplica a partir del día siguiente al impago”, algo a lo que se dio respuesta transmitiéndoles la intención del Equipo de Gobierno de estudiar, de forma conjunta con el resto de formaciones con representación en el Ayuntamiento, las posibilidades que existen de reflejar en las próximas ordenanzas municipales ciertas modificaciones en las condiciones del IBI que atiendan a las necesidades de aquellas familias con más dificultades.

Finalmente se dio lectura a las recomendaciones que el Procurador del Común ha realizado al resto de administraciones en materia de vivienda, de las que se tomó nota por parte de los responsables municipales.