Representantes de las entidades bancarias, Cajamar, Caixabank y Banco Santander, más en concreto -Banco CEISS y BBVA excusaron su asistencia-, se han integrado en la Mesa de la Vivienda que ha celebrado esta tarde una nueva sesión y que se ha marcado como objetivo, con la colaboración de todas las entidades implicadas, crear una bolsa de viviendas libres para el acogimiento temporal de aquellas personas o familias que se encuentren en proceso de lanzamiento hasta lograr darles una solución definitiva, ofreciéndose el Ayuntamiento como figura mediadora.
El encuentro constató la voluntad de todos los actores implicados -Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y entidades financieras- por estudiar propuestas individualizadas según cada caso, así como de promover que desde los bancos se pongan a disposición de los posibles interesados alquileres a precios asequibles en función de las capacidades económicas de estos, y siempre tras la evaluación previa de la propia PAH y de los Servicios Sociales.
También durante la sesión, en la que la PAH valoró positivamente la participación de los bancos, se puso sobre la mesa la necesidad de instar a la Junta para que agilice la puesta a disposición de las viviendas que estén libres y se encargue de gestionar, y que el Ayuntamiento, en estos momentos dispone de 57 inmuebles, todos ellos alquilados a excepción de una, con la que se está estudiando la posibilidad de implantar una novedosa fórmula que permita ser puesta a disposición de la familia que lo necesite y que el alquiler que esta abone sirva para sufragar los gastos derivados de la rehabilitación que se tiene previsto realizar.
Finalmente, y fruto del clima de diálogo que existió en la Mesa, se propuso la posibilidad de convocar a los integrantes de la Mesa con carácter excepcional para evitar situaciones límite antes de que sucedan y siempre que haya voluntad de pagar adecuando la cuantía a sus posibilidades económicas, algo para lo que hay que tener en cuenta la flexibilidad que dispone el Ayuntamiento para el pago fraccionado y aplazado de sus impuestos, o de las bolsas sociales que tiene para hacerse cargo del agua, gas o luz, mediante los convenios suscritos con las empresas suministradoras.